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  • José Musse

La NFPA y el IQ de los equipos de primera respuesta


Es ilegal para las fuerzas armadas norteamericanas reclutar personas con un IQ menor de 83, lo que significa el 10% de la población estadounidense. Un coeficiente intelectual menor que el establecido significa serias dificultades para entender y asimilar tareas básicas como manejar sistemas informáticos.El ideal es un IQ de 100, mayor que ese número significa estar sobre el promedio. El tema se vuelve más serio cuando investigadores han descubierto que muchos sobrevivientes de Covid-19 han perdido un promedio de 10 puntos en su IQ, algunos experimentaran brain fog por varios meses.


Esto hace que todo servicio de emergencia revise sus políticas de admisión y permanencia, no hacerlo y tener bomberos con problemas post-covid es negligente.


En San Francisco, California. El Comisionado de los Bomberos, Pat Norman, ofendió a más de 450 bomberos cuando este declaró públicamente que los bomberos del departamento a lo mucho tenían un IQ de 90 a 110. Nunca mostró las evaluaciones que probaran sus afirmaciones, aunque ese coeficiente es considerado normal y promedio de la población.


Hasta mi conocimiento, la NFPA no tiene estándares específicos que definan pruebas de coeficiente intelectual (IQ) para first responders. La NFPA se centra principalmente en normas relacionadas con equipos de protección personal, sistemas de rociadores, sistemas de alarma contra incendios, inspecciones y mantenimiento de instalaciones, entre otros aspectos técnicos y de seguridad.


Sin embargo, esta necesidad de evaluar el IQ se hace necesaria e indispensable con la sofisticación de sistemas y herramientas para responder a incidentes.


La evaluación de IQ de candidatos a bomberos debe ser rutinaria y normalizada. América Latina es una región endémica donde la desnutrición moderada y severa durante la infancia tiene una alta incidencia y ello impacta también con el coeficiente intelectual de toda su población. Aunque el panorama ha mejorado desde 1960.


Según el informe de Panorama Social 2016 publicado por la CEPAL en 2017, la situación de seguridad alimentaria y nutricional en la población indígena es preocupante, especialmente para los niños y niñas indígenas, quienes son los más afectados por esta desigualdad. Los datos recopilados alrededor de 2010 en siete países de la región revelan que la prevalencia de desnutrición crónica en niños indígenas menores de 5 años es más del doble en comparación con la población infantil no indígena. Esta disparidad varía desde un 22,3% en Colombia hasta un 58% en Guatemala. Además, las brechas étnicas se amplían aún más en casos de desnutrición crónica severa, y también en relación a los niveles generales de desnutrición (CEPAL, 2017, p. 162).


En Guatemala, se registra actualmente la mayor tasa de desnutrición crónica en comparación con otros países. Más del 46,5% de los niños y niñas guatemaltecos sufren de este problema, lo que equivale a aproximadamente 900.000 menores afectados. Lo que seriamente compromete el futuro del país.



José Musse

New York City


Foto: Meo

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