El Desastre de Dana en Valencia: Perspectiva de la Realidad de EE.UU., de los Protocolos de Evacuación y Desafíos de la Responsabilidad Legal

He sobrevivido a dos huracanes en Nueva York: Irene y Sandy. En ambos casos se dieron órdenes de evacuación. Sin embargo, Irene se convirtió en tormenta tropical antes de llegar a la ciudad. Con Sandy, el golpe fue directo y, aunque no fue tan fuerte como se esperaba, causó apagones y costó muchas vidas. Se cree que mucha gente pensó que ocurriría lo mismo que con Irene, pero esta vez el huracán golpeó el corazón de la ciudad con consecuencias letales y horrendas. Como el caso de una madre que no quiso obedecer las órdenes de evacuación y, cuando se dio cuenta de que su casa estaba siendo inundada por el mar, intentó escapar con sus dos hijos menores. Sin embargo, las violentas olas del mar se los arrebató de sus manos.

El desastre de Dana, una tormenta catastrófica que golpeó a Valencia, España, con inundaciones devastadoras, ha generado preguntas sobre la preparación para emergencias y los protocolos de evacuación en diferentes países. Este artículo explora por qué un desastre similar es menos probable en Estados Unidos, debido principalmente al sistema de órdenes de evacuación obligatoria y voluntaria, un marco legal integral, una respuesta política decisiva y, sobre todo, el papel de la responsabilidad legal que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas por sus acciones —o la falta de ellas.

Sistemas de Evacuación en EE. UU.: Obligatoria y Voluntaria

En Estados Unidos, las agencias de gestión de emergencias y los gobiernos locales emplean un sistema estructurado de órdenes de evacuación obligatoria y voluntaria para proteger a los residentes durante eventos climáticos extremos. Las evacuaciones obligatorias obligan a los residentes a abandonar áreas de alto riesgo, con la policía autorizada para hacer cumplir estas órdenes. Por otro lado, las evacuaciones voluntarias son recomendadas, pero permiten que los residentes en áreas menos vulnerables tomen sus propias decisiones basadas en la información más reciente.

Aparentemente en Valencia, se creyó que la tormenta no generaría mayores consecuencias, hasta que muy tarde se emitieron alertas cuando ya era muy tarde para muchos.

Este sistema dual forma parte de un marco legal más amplio que faculta y obliga a los funcionarios públicos a actuar con rapidez en base a proyecciones meteorológicas y evaluaciones en tiempo real. Al delimitar claramente las responsabilidades y la autoridad de los funcionarios, el marco legal de EE. UU. reduce la ambigüedad durante las emergencias y fomenta una acción rápida para minimizar la pérdida de vidas.

Responsabilidad Legal: Demandas como Disuasión contra la Negligencia

Uno de los mecanismos más significativos de responsabilidad en Estados Unidos es la posibilidad de demandas contra funcionarios y agencias públicas que no cumplen con su deber de proteger al público. A diferencia de otros países donde la acción legal contra funcionarios gubernamentales es limitada, el sistema legal estadounidense permite a los individuos presentar demandas civiles si creen que los funcionarios fueron negligentes en su deber, especialmente si no emitieron órdenes de evacuación o proporcionaron advertencias adecuadas.

Las decisiones son políticas, pero se sujetan a la información técnica. La responsabilidad es política, pero esos políticos siguen las recomendaciones. No es raro que los técnicos anuncien el fin del mundo por un huracán o tormenta helada y, al final, no pase nada. Aun así, ambos hacen su trabajo de la mejor manera posible, y la población lo entiende.

Esta responsabilidad legal ha llevado a demandas multimillonarias en casos donde la planificación de emergencias y la respuesta ante desastres fueron consideradas inadecuadas o negligentes.

Tras el huracán Katrina en 2005, se presentaron demandas que buscaban miles de millones de dólares en daños debido a los presuntos fallos de las agencias federales, estatales y locales en proteger a los residentes. Aunque muchas reclamaciones fueron desestimadas bajo la inmunidad gubernamental, varias resultaron en acuerdos o cambios de protocolo, destacando las consecuencias financieras y legales de una planificación de emergencia inadecuada. En 2017, el Huracán Harvey, se presentaron demandas contra funcionarios y agencias de Texas, acusándolos de negligencia en la gestión de inundaciones y de no evacuar a los residentes en áreas propensas a inundaciones. Las demandas buscaban millones en daños, y aunque los resultados variaron, los casos subrayaron los riesgos financieros de descuidar una planificación integral de respuesta a emergencias.

Los incendios forestales en California, las agencias gubernamentales y las empresas de servicios públicos en California enfrentaron miles de millones de dólares en demandas por preparación y gestión insuficiente de riesgos de incendios forestales. Por ejemplo, los acuerdos en 2019 y 2020 le costaron a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) más de $25 mil millones debido a su papel en los daños relacionados con los incendios, demostrando cómo la acción legal responsabiliza a las agencias y corporaciones por no proteger a los residentes.

Estas demandas destacan que una mala respuesta ante desastres y la falta de planificación de emergencia pueden resultar en importantes responsabilidades financieras. La posibilidad de este tipo de litigios costosos actúa como un poderoso motivador para que los funcionarios de EE. UU. prioricen la preparación para emergencias y aseguren rigurosos protocolos de evacuación.

Cultura de Respuesta a Emergencias y Responsabilidad Política

La posibilidad de acciones legales también influye en la cultura de respuesta a emergencias en EE. UU., donde los líderes políticos y los gestores de emergencias son conscientes de que sus acciones —o la falta de ellas— durante las crisis son escrutadas tanto por el público como por el sistema legal. Esta estructura de responsabilidad motiva a los funcionarios a emitir órdenes de evacuación rápidamente, incluso si ello implica un riesgo político, ya que una demora o incumplimiento podría dar lugar a acusaciones de negligencia o incluso demandas por homicidio culposo.

En contraste, algunos políticos en España han mostrado reticencia en emitir órdenes de evacuación rápidamente, debido a preocupaciones sobre la reacción del público y las posibles repercusiones políticas. En el caso del desastre de Dana, esta reticencia contribuyó en cierta medida a la magnitud de la catástrofe, subrayando la importancia de tomar decisiones rápidas y firmes en situaciones de desastre.

Procedimientos Transparentes

El compromiso de EE. UU. con la transparencia y la comunicación pública durante los desastres es otro factor crítico. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), junto con agencias estatales y locales, proporciona información detallada y en tiempo real tanto a los responsables de la toma de decisiones como al público. Esta transparencia no solo ayuda a los residentes a tomar decisiones informadas, sino que también refuerza la confianza pública, esencial para garantizar el cumplimiento de las órdenes de evacuación. Las protecciones legales también animan a las agencias a comunicar de manera abierta y oportuna, sabiendo que retener o retrasar la información podría llevar a litigios.

José Musse

New York City