• Martín Alonso Viqueira

La peor idea para los bomberos voluntarios del Perú


La COVID-19, que hace unas semanas cumplió un año entre nosotros, ha demostrado que el Decreto Legislativo 1260 fue la peor idea para los famosos y valientes bomberos voluntarios peruanos. Salvo un puñado de necios y convenidos, hoy casi todos sus miembros se dan cuenta del grave error cometido por quienes impulsaron el cambio que dejó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y sus 160 años de servicios de patitas en la calle: fuera del paraguas del Estado y de sus potenciales beneficios.


La ley les señala, nebulosamente, el papel de una asociación de civiles pero sin personería jurídica, lo que se traduce en un grupo de personas de buena voluntad sin mayor representación ni formalidad, que salen a apagar incendios por su cuenta y riesgo. Precisamente por esa condición de civiles agrupados que se les da por intermedio del DL 1260, los bomberos voluntarios no han podido ser tomados en cuenta por el Estado en el proceso de vacunación.


Tampoco se les ha podido brindar auxilio económico de emergencia a través de un bono, como sí se les otorgó y con justicia al personal de salud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al estar en primera línea frente a la pandemia. El Decreto Legislativo 1260 destruyó esas posibilidades de recibir ayuda en dinero para miles de hogares de bomberos voluntarios sin trabajo, y mucho más, como exponerlos al contagio durante el cumplimiento de su abnegada misión, sin la cobertura de salud por no pertenecer al Estado.


No podemos olvidar que hace un año, los bomberos empezaron a contaminarse al carecer de los respectivos equipos de protección personal, y hubo que hacer una campaña en la prensa para que el Estado se los entregara.


En estos días, los voluntarios peruanos han tenido que volver a salir en los medios de comunicación para implorar, casi de rodillas, por unas cuantas vacunas, aunque sea para los que están atendiendo emergencias... ¿Cuántos bomberos voluntarios han fallecido a consecuencia del virus? La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) calcula medio centenar. ¿Y los contagiados? Más de 2,500, según el Consejo Nacional de Disciplina.


Mientras tanto, la mayoría de los llamados oficiales generales se dedica a sacarle lustre a sus galones de metal, mirar sus resoluciones que los designan en cargos inexistentes en la vida real, y a usar el carro, la gasolina y el teléfono móvil proporcionado por la INBP en sus temas particulares (y a veces ir a los incendios).


Ninguno de estos príncipes del llamado "bomberismo" peruano se atreve a proponer un cambio o una modificación inteligente, a presentar un documento -muchos no saben cómo hacerlo- al Congreso para que derogue el DL 1260 y volvamos a la normalidad. Otros jefes, convenientemente, evitan a toda costa tocar el tema en las reuniones de estos entorchados, y se dedican a atacar con fiereza a quienes opinen lo contrario. Es que, estos oficiales generales tienen negocios vinculados al sector de la seguridad industrial, desde el dictado de capacitaciones hasta la respuesta a emergencias, y son proveedores del Estado. Y por eso les conviene estar fuera del sector público, para seguir haciendo negocios sin chocar con la legislación, y a la vez ocupar altos cargos en el CGBVP que les permitan movilizar vehículos y personal de acuerdo a sus intereses económicos. Dueños de nada, la mayoría de los valientes bomberos peruanos son hoy, gracias al DL 1260, simples usuarios de las autobombas y herramientas, e inquilinos precarios de los cuarteles en todo el país.


Esa es la realidad de los bomberos voluntarios peruanos, que fueron parte de una desaparecida institución, y que hoy deben mendigar una vacuna, sin que sus jefes hagan algo concreto. A todo esto, ¿qué hacer en lugar de quedarse con los brazos cruzados? Acudir ya mismo al Congreso de la República y pedir formalmente la derogatoria del Decreto Legislativo No. 1260: por ser lesivo a los intereses de los bomberos voluntarios del Perú, afectar negativamente al sistema de seguridad ciudadana y perjudicar la respuesta a emergencias en el Perú, poniendo en riesgo la vida humana.

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