Cuando hablamos de justicia social, erróneamente pensamos en una mejor redistribución de la riqueza y aunque ello también es parte de la misma, estamos ciertamente hablando principalmente de crear un sistema de defensa legal orientado a resolver los problemas más apremiantes del ciudadano. Litigar un caso de paternidad, iniciar un divorcio son desafíos titánicos que lindan con lo imposible. No solamente está el costo, sino las largas jornadas que deberán invertirse. Juicios de propiedad que tienen 40 años litigándose no son extraños en nuestra sociedad. La justicia que tarda no es justicia.

América Latina está convulsionada, continuamente sometida a presión, necesita de sistemas confiables que le sirvan en su vida cotidiana para que deposite confianza en la democracia. Crea en ella y apueste por ella, de otra forma está en riesgo permanente de revoluciones y dictadores, de masacres sangrientas, de marchas y contra marchas.

¿Por qué no podemos crear cortes populares que resuelvan los casos menores en 30 minutos? ¿Acaso no hay miles de problemas agobiantes que con menos tiempo pueden resolverse si hay alguna autoridad que los atienda? No hablamos de elucubrantes homicidios, ni millonarias falsificaciones o fraudes que requieran de un irrenunciable desfile de testigos, testimonios de expertos, ni de peritaje forense o de elevado conocimiento en criminalística. Hablamos de un propietario que tumbó un árbol y destruyó sin proponérselo el automóvil del vecino y que se niega a indemnizarle. Del inquilino que no paga el arriendo, del alma feliz que martiriza al vecindario cada fin de semana con 200 decibeles, desde las ocho de la noche hasta las cinco de la madrugada y de la que sus invitados refundan sus botellines en nuestro jardín y del propietario al que nuestros reclamos le importan un bledo y al que la policía tampoco atiende. Algo sencillo desemboca en una riña callejera o en un homicidio. Un solo caso como el descrito es molesto, vivir este evento ruidoso semanalmente y en forma imparable a través de los años es un infierno. Termina acabando con la salud física y mental, genera trastornos, enfermedades y recae en el valor de venta de las propiedades.

Nos referimos a los hijos del vecino que ha marcado con pelotas nuestra fachada recién pintada y a la que nada importan los reclamos, padres que se desentiende del asunto, de los que creen que la calle y parques son urinarios o defecaderos de sus mascotas o de ellos mismos. Trayendo peligrosas secuelas de enfermedades infecciosas. Restando un espacio de belleza como es un jardín para convertirlo en un cagadero. Del padre que llega borracho a casa y se gasta el dinero familiar en prostitutas y timba. De la violencia domestica.

Departimos de sentir la presencia del Estado en nuestros actos cotidianos en defensa de la paz urbana y promoción del civismo. Propiciar la actitud solidaria y positiva entre los residentes de un mismo municipio. Estas Cortes resuelven expeditas, casos menores que sin embargo, significan, ornato, salud física, salud mental y desarrollo personal. Esto explica lo popular que resultan programas como “Sala de Parejas” de la jueza Ana María Polo.

Panamá parece ser el país donde mejor acogida ha tenido este programa. Cristina Pérez González de “La Corte de Familia” de la cadena Telemundo sigue este mismo estilo que copia el modelo judicial de la sociedad norteamericana y que son todavía una fantasía lejana para la mayoría de sudamericanos.

Algo que no tiene porque ser oneroso al Estado ni a los contribuyentes, pues esto debe ser sufragado por el litigante perdedor. Creamos puestos de trabajo, difundimos mejor imagen nacional y establecemos una base ancha de justicia social.

En América Latina predomina el idiota ilustrado, el salvaje mono desnudo. El que hago lo que me da la gana porque soy hijo de, o tengo dinero, la impunidad se encuna desde temprana edad. La creencia de que un apellido o un puesto en el gobierno local o nacional o en una importante empresa privada, confiere el salvoconducto de la arbitrariedad.

Construir la justicia social en un país, debe hacerse desde sus cimientos, esto nos ayudará a abandonar esas imágenes tercermundistas de ajusticiamientos callejeros. Violadores linchados, carteristas quemados vivos en la vía pública, por una sencilla razón: El agotamiento de la paciencia de un pueblo que no tiene controles ni válvulas de escape.

Hablamos de cortes populares donde se ventilan temas menores, sin necesidad de abogados, con un juez dirimente que tenga la fuerza de la ley y la policía de su lado para obligar al cumplimiento de su veredicto, un lugar que resuelva los temas de conflicto familiar, vecinal, laboral y comercial de los más cotidianos. Los municipios deberían por ley implementar dos o más salas, según su volumen demográfico. Esto descentralizaría la justicia, la haría cercana, así quizá estaremos construyendo al ciudadano modelo que aspiramos presentar para ser una sociedad desarrollada, una sociedad en paz y con justicia es más segura y próspera.