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El martes 5 de junio, pasadas las l0 de la mañana, una alarma sonó en las dependencias de la sede de la Junta Nacional de Bomberos (JNBC), en Santiago. La alerta no provenía de ninguna compañía de la Región Metropolitana. Tampoco de regiones, donde su peculiar sonido hace que los 38 mil voluntarios que esa institución registra en todo el país salgan en 60 segundos a prestar servicios arriesgando sus propias vidas en favor de la comunidad.

Esta vez el incendio tuvo su epicentro en la misma sede central de los bomberos, en Bustamante 86 (Providencia),donde hoy trabajan aproximadamente 50 funcionarios. Sus mayores problemas están relacionados con el uso de los US$ 27 millones que dejó en caja en 2006 el hombre que presidió durante 36 años la institución “con mano férrea y criterio empresarial”, como él mismo lo define: Octavio Hinzpeter. Y también en la administración de los más de $90 mil millones (US$ 180 millones) que han ingresado a sus arcas en estos últimos seis años en virtud del aporte estatal que reciben los cuerpos de Bomberos del país por Ley de Presupuesto. Para este año la JNBC recibirá $20 mil millones.

A estos ingresos habría que sumar los dineros que le llegan a Bomberos por la Ley de Sociedades Anónimas de 1981, por la cual se le entregan a su Junta Nacional los fondos que se originan con el remate de las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos no las registren en el plazo de cinco años, además de los dividendos y beneficios no reclamados por los accionistas en el mismo plazo. Según Octavio Hinzpeter, el mayor ingreso de esos dividendos lo dan las acciones no cobradas de Gasco. En total, alrededor de $6 mil millones al año recibe Bomberos por esta ley.

La alarma del 5 de junio tenía timbre del tribunales. Porque esa mañana quedó presentada en el 12º Juzgado Civil de Santiago la demanda de las empresas Crimson Fire Inc. y Gimaex of America LLC, en contra de la Junta Nacional de Bomberos, por presunta ilegalidad y graves irregularidades en el proceso de licitación pública Nº 21/2011, para la compra de carros bomba. En el libelo se acusa a la junta de haber actuado de “manera no conveniente para los intereses de los cuerpos de bomberos de Chile”, y se pide una indemnización por daños y perjuicios.

La polémica licitación se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2011. Nueve empresas postularon para adjudicarse los contratos por la compra de cinco tipos de carros bomba cuyos precios oscilan entre US$ 250 mil y US$ 700 mil en el periodo de dos años, prorrogable por otros dos. Basados en los registros de adquisiciones -los últimos dos años se han comprado entre 60 y 80 unidades-, los proveedores podían esperar ventas por más de US$ 100 millones. El monopolio de los carros bomba

El resultado de la licitación no arrojó sorpresas. Los favorecidos fueron las empresas Camiva, Jacinto y Rosenbauer. La primera de la lista fue hasta 2006 y durante 40 años el único proveedor de carros bomba de la JNBC. De allí que el 90% de los 2.800 carros que conforman el parque automotor de Bomberos tenga el sello de venta de Michel Durand, representante de Camiva en Chile, quien estrechó relaciones primero con Octavio Hinzpeter, presidente de la JNBC desde 1970 hasta 2006, y luego con Miguel Reyes, quien ejerce esa función desde entonces.

Santiago Olivera, representante de Jacinto, trabajó 30 años para Camiva. En ese rol es un viejo conocido de Hinzpeter y Reyes. Y en cuanto a Rosenbauer, su representante Pablo Ríos fue capitán de la 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa, la misma de Milton Rozas, director de la JNBC, quien participó en la aprobación de la adjudicación.

Aunque desde hacía años que circulaban entre bomberos acusaciones de presuntos arreglos de integrantes de la JNBC con sus proveedores, esta es la primera vez que la denuncia llega a la justicia. No podía ser peor el momento. En esos días la directiva de Bomberos ultimaba los ofrecimientos a los distintos regionales para asegurar su reelección en la asamblea del sábado 23 de junio, donde los 30 directivos regionales elegirán a los seis integrantes de la Junta Nacional. No todos tienen asegurado su sillón.

La situación, coinciden todos los bomberos consultados, es la más delicada que ha vivido en toda su historia la JNBC. Si hace algunos años recurrieron al abogado Álex Pesso para confeccionar un manual de procedimientos que permitió silenciar las denuncias sobre los privilegios que se le otorgaban a Durand con los carros Camiva; a Patricio Levenson, de Impomak, en materiales menores, y a South Pacific, en equipos de rescate vehicular, esta vez la defensa se hará en tribunales.

A ello se agrega el cambio, a inicios de este año, de dependencia que acaba de asumir la JNBC para la fiscalización de sus dineros y recursos: desde la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al Ministerio del Interior. Un traspaso que los obligará a mostrar todas sus cuentas y a explicar en qué se gasta cada centavo. Partiendo por el uso que les dio la JNBC a los US$ 27 millones que tenían en caja como ahorro institucional en 2006.

Cuando en 2006 Hinzpeter dejó su cargo, algunos directivos regionales pensaron que las cosas cambiarían. Que los dineros empezarían a ser distribuidos equitativamente entre las regiones y los proveedores diversificados. La última licitación fue la constatación de que la relación con los proveedores sigue intacta. Las voces de un asesor jurídico y del tesorero de la JNBC, que aconsejaron declarar desierta la licitación, no fueron escuchadas en el directorio del 23 y 24 de marzo. Primó la opinión de Marcelo Zúñiga, vicepresidente nacional, quien según el acta respectiva abogó por seguir adelante con las tres empresas elegidas.

En los archivos quedó la carta enviada al presidente Miguel Reyes por el presidente regional de la Novena Región, Armín Llanos, denunciando el lobby a favor de Camiva hecho por Alejandro Delannoy, miembro de la Comisión Técnica de la Junta Nacional para la compra de material mayor.

El poder de la junta

No todo sigue igual. Porque si algo ha cambiado es el monto de dinero que se autoasignó la Junta Nacional de la partida que le proporciona el Estado a los bomberos de todo el país. Para 2012, la JNBC recibirá por Ley de Presupuesto $20.866.998.000, de los cuales $1.461.556.000 destinó para su funcionamiento. La cifra ha ido en aumento desde que Miguel Reyes asumió la presidencia, con un presupuesto de $650 millones, en 2006. En su primer año de gestión, la JNBC lo aumentó en más de $100 millones. Y fue subiendo hasta alcanzar en 2012 un alza del 124,9%. En el mismo periodo el dinero que el Estado le entregó a la JNBC subió en un 75 por ciento.

Quepasa.cl